Muchas de las aristas que componen el asunto parecerían estar sugiriendo que el gobierno español tiene intenciones de apostar por una integración de los operadores extranjeros en el mercado de los juegos de azar en el país ibérico. Sin embargo, surgen una multiplicidad de interrogantes que siembran un amplio terreno de dudas sobre las tonalidades que pueda adoptar la cuestión.

La cuestión de la regulación ha venido siendo objeto de debate durante los últimos tiempos entre los representantes del ejecutivo nacional y los de las comunidades autónomas.El tema de la regulación del juego en España ha ocupado parte de las primeras planas de los informativos y ha estado en cuestionamiento desde que comenzó su tratamiento. Diversos sectores apuntan a una liberación de las barreras que permita al mercado autorregularse.

Tanto la Comisión Europea como la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (AEJA) han puesto la lupa sobre el tema, pero haciendo foco más específicamente en las huellas que está dejando el caso francés, cuyas cualidades despiertan ciertamente una polémica bastante encendida. Las disposiciones con las que cuenta en la actualidad la regulación que impone Francia, deja afuera del mercado a un 85% de los operadores que no pertenecen al país galo.

De esa manera, argumentan los organismos citados, se atenta en contra del espíritu de libertad y cooperación que debe reinar en la Unión Europea.Parte de la dificultad que reviste el caso español radica en las dificultades de erigir una política que resulte homogénea al interior del país y, a su vez, coherente con los principios de la UE.Por detrás asoma la aspiración ferviente a conseguir un verdadero mercado europeo unido.